lunes, 24 de abril de 2017

El objeto de los servicios sociales: entre la norma y la teoría


El objeto de los servicios sociales ha sido materia para el debate y la reflexión desde hace tiempo y esta se ha generado desde dos ámbitos que, aunque debieran ir de la mano, en mi opinión parece que no han llegado a conectar suficientemente. Me refiero, por una parte, al ámbito teórico sobre los servicios sociales (y las políticas sociales, en general), un ámbito que suma aportaciones académicas y reflexiones profesionales, y por la otra, al ámbito legislativo en sentido amplio, al conjunto de personas que intervienen en la elaboración de los marcos normativos para los servicios sociales (y otras políticas sociales).
El paso de una asistencia social residual, heredera de la beneficencia decimonónica, a unos servicios sociales modernos han generado mucha literatura y, en paralelo, se han ido generando normas que son las que, finalmente, marcan los límites (o no-límites) a estos nuevos servicios sociales.
En este sentido, recogiendo la aportación que recientemente hacía Fernando Fantova (@FantovaFernando) en @lleiengel sobre las diferencias entre asistencia social y servicios sociales (aquí), me gustaría aportar un granito de arena al debate introduciendo el factor normativo.
Nos dice Fernando Fantova: “La asistencia social residual no se especializaba en determinadas necesidades de todas las personas sino en determinados tipos de persones para las cuales, supuestamente, era capaz de responder (tendencialmente) a todas sus necesidades. Por el contrario, los servicios sociales, al declararse universales, deben, insoslayablemente, identificar en qué necesidades de todas las personas se especializarán”.
Desde hace algún tiempo, Fantova aboga por una propuesta de un objeto de los Servicios Sociales, entendido como un bien protegible de carácter universal, es decir, común a todas las personas y que, por lo tanto, requiere de un sistema que lo proteja porque cualquier persona puede, a lo largo de su vida, puede requerir de soporte para cubrir ese bien. Entiende, y comparto su propuesta, que los servicios sociales sólo podrán configurarse como un sistema si son capaces de definir un objeto, un bien protegible, en consonancia con los objetos de los otros sistemas de bienestar (sanidad – salud, educación – aprendizaje, …).
Ahora bien, parece que este debate que se está generando, que viene generándose desde hace bastante tiempo, entorno a la necesidad de concretar un objeto de los servicios sociales, de dar el paso definitivo de la vieja asistencia social residual a los nuevos servicios sociales tropieza siempre con un escollo: la normativa. Porque, independientemente de cómo se conceptualicen teóricamente los servicios sociales, finalmente el marco legislativo es el que fija las reglas del juego para la práctica y ahí, desde mi perspectiva, tenemos un problema de desconexión entre la teoría y la norma, que condiciona la práctica).
En una entrada anterior en este blog (Servicios sociales ¿destejemos la estructura para volverlaa crear) anunciaba que me gustaría reflexionar sobre cómo las normativas en materia de servicios sociales están entrando a regular ámbitos estrictamente profesionales o teóricos. Se podrá decir que el alcance del sistema público de servicios sociales, su definición, no es un ámbito estrictamente profesional o teórico y estaré de acuerdo, pero en cambio definir “los servicios sociales” sí que es un ámbito teórico-profesional y demasiado a menudo las leyes han optado por la definición del “objeto” de los servicios sociales más que por la definición del ámbito del sistema público de servicios sociales; es como si no hubiera la seguridad de saber de qué estamos hablando y por tanto la necesidad de fijar el contenido. A nadie se le ocurre que la normativa del sistema sanitario, por ejemplo, fije una definición de salud distinta a la que los organismos internacionales han establecido, en todo caso, lo que hace la normativa sanitaria es fijar los límites del sistema sanitario público.
Pues bien, esta diferenciación no queda tan clara en el ámbito de los servicios sociales y, además, las normas se mueven entre dos aguas, en una mezcla entre la definición de la asistencia social residual y los servicios sociales modernos, definiendo unos servicios sociales diría que imposibles. No voy a remontarme a las primeras normativas en materia de servicios sociales, pero repasando las leyes más recientes aprobadas por distintos parlamentos autonómicos, las que se han venido a llamar leyes de tercera generación, muestran una ambivalencia en el concepto de los servicios sociales que debería preocuparnos.
Una revisión de las definiciones que las nuevas leyes de servicios sociales, posteriores todas a 2003, hacen de la finalidad o de los objetivos de los servicios sociales muestran una tendencia muy generalizada por la definición en el sentido más amplio, - con conceptos como “integración social”, “superar causas de marginación y exclusión”, “cobertura de necesidades personales básicas y sociales”, “vivir dignamente”, “calidad de vida” -, a los que se une una asignación al Sistema de Servicios Sociales de la función de garantía o aseguramiento. A la par que, en muchas de las normas, se incluyen los tradicionales “colectivos” sobre los que actuarán de forma prioritaria los servicios sociales. Es decir, las normas se mueven en esa ambivalencia que va de la declaración de derechos más amplia posible, asignando a los servicios sociales las finalidades y objetivos que corresponderían al conjunto de los sistemas de bienestar, al mismo tiempo que acotan la intervención a unos grupos poblacionales concretos.
Este es, simplemente, el primer paso en el que las normas están, en mi opinión, interfiriendo en ámbitos que deberían ser liderados desde el mundo profesional y académico. Como decía antes, las leyes deben regular el alcance del Sistema Público de Servicios Sociales y los derechos que se garantizan a las personas, así como la actividad en el ámbito de los servicios sociales, actividad pública y privada. Ahora bien, intentar normativizar todo lo relativo a la actividad de los servicios sociales me parece un error importante porque, conociendo la lentitud de los sistemas legislativos para actualizarse, estamos dejando en manos de los cuerpos legislativos el desarrollo de los servicios sociales como sector y como ámbito donde se desarrollan actividades profesionales.
Hemos visto, como mínimo en Catalunya, algunos casos en los que la inmovilidad de la administración nos lleva a mantener herramientas absolutamente desfasadas que se van incorporando a los nuevos instrumentos tecnológicos sin revisión y sin que los avances que se realizan desde el mundo profesional y académico puedan tener la más mínima incidencia en la práctica cotidiana. Es el caso de las categorías de “problemáticas”, forma cómo aún se denominan las situaciones sobre las que se realiza intervención social, que se definieron allá por los años 90, y que responden a una concepción muy determinada de los servicios sociales, y que prácticamente no se han revisado en todo este tiempo, con la excusa de disponer series estadísticas de largo recorrido, y que tienen una utilidad muy relativa, desde mi punto de vista, puesto que recogen categorías estancas y fijas, sin posibilidad de introducir gradaciones que recojan las realidades que viven las personas y que afrontan los y las profesionales y que les deberían servir para diseñar los planes de intervención; pues bien, estos listados que se iniciaron en la época pre-informática (como mínimo en las administraciones) han sido traspasadas sin más revisión a los instrumentos informáticos. Sin duda dispondremos de unas largas series de estadísticas, otra cosa distinta es si estas estadísticas tienen alguna utilidad dado lo mucho que ha cambiado la realidad social en este tiempo.

En síntesis, defiendo que l@s profesionales de los servicios sociales debemos asumir un mayor papel en el desarrollo técnico y tecnológico, en el sentido de la aplicación de conocimientos a la práctica, a través de los colegios profesionales, de las universidades y, si es necesario, a partir de la creación de sociedades científicas que, como sucede en otras disciplinas, aúnan el conocimiento proveniente de la práctica con el del sector académico. ¿A nadie le sorprende la falta de sociedades científicas en el ámbito de la intervención de los servicios sociales o de las distintas profesiones que lo forman, trabajador@s sociales y educador@s sociales? Quizás para avanzar en esa ciaboga que plantea Fernando Fantova en la que se ven inmersos los servicios sociales necesitemos dotarnos de instrumentos para el desarrollo conceptual más colectivos, que aúnen las interesantes iniciativas que surgen desde diferentes ámbitos.

miércoles, 5 de abril de 2017

Servicios sociales: ¿destejemos la estructura para volverla a crear?


La sesión organizada la semana pasada por el Laboratori de Serveis Socials de l'IGOP, Cap a un nou model de Serveis Socials?, ha generado algunas reflexiones en la red. Por una parte los amigos de La Llei d'Engel (@lleiengel), esta vez de la mano de Miquel Àngel Manzano (@mimanro), han hecho un interesante análisis sobre las principales amenazas que sufre el sistema de servicios sociales y las principales líneas que deberían abordarse en una reestructuración en profundidad (aquí). Por otra, Fernando Fantova (@FantovaFernando) con el sugerente título de su último post, Los servicios sociales, crujiendo en la ciaboga, profundiza en una línea que hace ya tiempo que viene apuntando. Y, finalmente, algunos debates surgidos en Twitter abundan en la necesidad de plantearse una reforma en profundidad de un sistema que, aún con los cambios sustanciales que ha vivido en las últimas décadas, en su esencia sigue estando impregnado de una lógica decimonónica (literalmente hablando, como analiza Manuel Aguilar (2013)[1])

Comparto el diagnóstico, los servicios sociales han estado demasiado tiempo abocados a un asistencialismo residual, caduco, más inspirado en la concesión graciable de beneficios a quien se lo merece que en un sistema de derechos real. Nos pareció, en algún momento de principios de este siglo XXI, que inicíabamos una vía de superación de ese modelo cuando nos asaltó la Gran Recesión y los servicios sociales se vieron impelidos, de nuevo, a centrarse en la cobertura de las necesidades de subsistencia. Porque, como señalan bien diversos autores, el gran reto de los Servicios Sociales es, curiosamente, el desarrollo adecuado de otro sistema, el de Garantía de Rentas, que permita a la ciudadanía disponer de los recursos económicos adecuados para una vida digna, sistema que, también en mi opinión, debe estar separado del de los Servicios Sociales.

Pero, en la línea de aportar más elementos al debate, hace tiempo que tengo pendiente una reflexión sobre la división en niveles de los servicios sociales; ya lo anunciaba en la entrada anterior (aquí) que me proponía hablar sobre la división entre servicios sociales básicos (o de atención primaria o comunitarios, que ni para el nombre nos ponemos de acuerdo) y los servicios sociales especializados. El tema es relevante debido a que supera el ámbito puramente técnico para vincularlo con las competencias que se asignan a los diversos niveles de la administración que participan en el Sistema de Servicios Sociales; así los servicios sociales de atención primaria se asignan a los municipios, mientras que los servicios especializados se asignan a los gobiernos autónomicos o, en algunos casos, a las provincias.

Me gustaría profundizar un poco en la conceptualización de estos dos niveles, basándome en la normativa de Catalunya (no es aquí el espacio para comparar las diferentes formulaciones de las distintas normas autonómicas que, por lo general, difieren poco,salvo excepciones), vemos que:
"Los servicios sociales básicos son el primer nivel del sistema público de servicios sociales y la garantía de mayor proximidad a los usuarios y a los ámbitos familiar y social. [...]  tienen un carácter polivalente, comunitario y preventivo para fomentar la autonomía de las personas para que vivan dignamente, atendiendo las diferentes situaciones de necesidad en que se encuentran o que se puedan presentar. [...] deben dar respuestas en el ámbito propio de la convivencia y la relación de los destinatarios de los servicios" (art. 16, L 12/2007, de 11 de octubre)
"Los servicios sociales especializados se organizan atendiendo a la tipología de las necesidades, para dar respuesta a situaciones y necesidades que requieren de una especialización técnica o la disposición de recursos determinados. [...] se prestan por medio de centros, servicios, programas y recursos dirigidos a pa personas y colectivos que, en función de sus necesidades, requieren una atención específica. [...] se organizan en forma de red sobre el territorio atendiendo al principio de descentralización, las características de los núcleos de población y la incidencia de las necesidades que atienden" (art. 18, L 12/2007, de 11 de octubre)
Lo primero que llama la atención, y que se confirma con una revisión de la Cartera de Servicios Sociales, es que el criterio para definir los servicios sociales especializados no es tanto la especialización técnica como la disposición de recursos determinados. Entendemos por "especialización técnica" aquella intervención que requiere de la intervención de profesionales de disciplinas que no forman parte de los equipos de los servicios sociales básicos. Así, por ejemplo, la propia ley catalana especifica que son parte de este segundo nivel "los equipos técnicos de valoración, cuya función principal es valorar y diagnosticar las situaciones de necesidad social que no se pueden abordar desde un servicio social básico" (art. 18.4, L 12/2007, de 11 de octubre).

El resto, la mayoría de los servicios especializados que aparecen en la Cartera de Servicios Sociales, se caracterizan por la segunda cualidad señalada en la definición: disponer de recursos determinados; es decir, son especializados porque requieren disponer de instalaciones específicas, en resumen: son los dispositivos para la atención diurna y la atención residencial.

Así pues, en realidad estaríamos hablando de tres niveles de servicios sociales: 

  • Los servicios básicos caracterizados por la proximidad, la intervención en el ámbito familiar y social y el carácter comunitario y preventivo.
  • Los servicios especializados caracterizados por la intervención de profesionales de disciplinas distintas al primer nivel (o con especialización en ámbitos específicos) para complementar las valoraciones sociales y determinar tanto el acceso de determinados derechos (por ejemplo, el reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia) como a determinadas prestaciones.
  • Los servicios específicos caracterizados por estar conformados por recursos determinados para atención de las necesidades de las personas.
Hasta aquí no sería un problema la diferencia porque, en realidad, lo que estaríamos haciendo es una gradación en cuanto a volumen de atención requerida: parece lógico pensar que los servicios básicos son los que atienden a la gran mayoría de las personas usuarias del sistema y que, de estos, una parte requiere de los servicios de intervención profesional especializada y otra parte, seguramente más reducida aún, requiere de recursos específicos para cubrir sus necesidades.

Ahora bien, ¿qué sentido tiene que estas dos últimas categorías de servicios tengan una dependencia administrativa distinta? ¿A qué lógica responde que todos los servicios especializados deban dependender de la administración autonómica?

Estamos en un momento en el que los servicios sociales, en general, están defendiendo la necesidad de implementar el modelo de atención centrada en la persona; de hecho, las últimas leyes en materia de servicios sociales hacen suyo este principio de "poner a la persona en el centro del sistema". El reconocimiento explícito de derechos subjetivos en estas últimas leyes, así como los principios rectores e, incluso, el reconocimiento de la figura del "profesional de referencia" como elemento clave para conseguir la coordinación del Sistema en pos del mejor bienestar de la persona son muestras claras de esta voluntad de cambiar el paradigma de los servicios sociales: de centrarse en los servicios a centrarse en las personas.

Y precisamente porque estamos en este momento, esa división tradicional en dos niveles asociados a competencias administrativas se convierte, desde mi perspectiva, en un obstáculo para la calidad en la atención a las necesidades de las personas. 

Desde la perspectiva técnica es lógico diferenciar los diferentes tipos de prestaciones en función de la intensidad con la que intervienen en la vida de las personas: hay prestaciones que cubren prácticamente la totalidad de las necesidades cotidianas de las personas (pensemos en la atención residencial, en sus múltiples formas) mientras otras se encargan de compensar algún aspecto concreto de las mismas (los servicios de atención domiciliaria son un ejemplo de este último caso). Incluso, podría entrar en la lógica que aquellas intervenciones que implican el reconocimiento (o denegación) de derechos subjetivos a las personas deban estar separados de la atención de mayor proximidad, para garantizar homogeneïdad de criterios y una cierta objetividad.

Pero, por otra parte, si creemos que las personas tienen derecho a tener la atención que requieren evitando al máximo la separación de su núcleo de convivencia y de la comunidad (principio rector 5.j, L 12/2007, de 11 de octubre), ¿por qué separamos la gestión de estos recursos de la proximidad de las personas? ¿tiene realmente sentido que la asignación de plazas de residencia para las personas mayores o con dependencia se realice de manera centralizada desde la administración autonómica pudiendo asignar plaza en cualquier punto del territorio? Es más, ¿tiene sentido que la planificación de estos recursos se realice sin tener en cuenta las administraciones de proximidad, las adminstraciones locales?

Y ahí vuelvo a conectar con aportaciones de Miquel Àngel Manzano y de Manuel Aguilar: la organización territorial. Como señala Manuel Aguilar (2013) la organización territorial del Estado se basa en una altísima fragmentación de las administraciones, no sólo por la multitud de niveles, sino también porque el ámbito municipal está absolutamente atomizado como lo demuestra el hecho que sólo un 4,9% de los municipios españoles tenga una población superior a 20.000 habitantes (límite para la prestación obligatoria de servicios sociales) según fuentes del INE para 2016. Y, como apunta Miquel Àngel Manzano, son necesarias unas unidades organizativas con una dimensión adecuada para ser eficaces y poder ofrecer unos servicios de calidad.

Para construir un Sistema de Servicios Sociales, para abordar una reforma profunda, necesaria para hacer frente a las nuevas necesidades sociales, es imprescindible ser capaz de sobreponerse a esa división que venimos manteniendo de forma cuasi automática para abrir una reflexión profunda sobre qué significa la atención centrada en la persona, qué quiere decir poner a la persona en el centro del sistema, cómo se traduce el principio de continuidad asistencial en una estructura que permita que sean l@s profesionales los que determinen, de común acuerdo con las personas y sus familias, cuáles deben ser las prestaciones que mejor se adaptan a cada realidad, sin introducir elementos que no aportan valor a la intervención social sino que se basan, en el mejor de los casos, en el control de los recursos, cosa que podría hacerse igualmente, por otra parte.

En resumen, aunque las normas han ido recogiendo el cambio en la orientación de los servicios sociales, centrándose en las personas antes que en la propia estructuración de los servicios, sólo lo han hecho a nivel de los principios y las definiciones genéricas, mientras que no se han introducido las modificaciones necesarias en el diseño de la estructura y en la definición de los canales de acceso a las prestaciones. 

Es preciso repensar las características y la organización del Sistema desde las personas, desde la ciudadanía y determinar los canales y los mecanismos para garantizar la igualdad y la equidad pero, sobretodo, para garantizar la continuidad en la atención y la posibilidad que las personas puedan recibir la atención necesaria en su entorno habitual, sea en su domicilio o en un recurso específico, puesto que nadie debería desvincularse de su comunidad por el mero hecho de necesitar ciertas atenciones. Para ello es clave pensar la estructura en términos de eficacia de la intervención social y no en términos de "reparto del pastel" porque no debemos olvidar que quien paga esos servicios son l@s ciudadan@s independientemente de cuál sea la administración que los presupuesta y la ciudadanía exige, cada vez más, calidad, eficacia, proximidad y, sobretodo, facilidad en el acceso y los sistema fragmentados atentan contra todos y cada uno de esos elementos.




NOTES:
[1] Aguilar Hendrickson, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación Social, (166), 145-168.










martes, 28 de marzo de 2017

¿Para cuando la prescripción social en los servicios sociales?


Hace pocos días Eloi Mayordomo (@eloimm) publicaba en el blog La Llei d'Engel (@lleiengel) una entrada sobre la prescripción social (aquí) y en ella hacía un repaso a un concepto que últimamente voy escuchando más y más. 

La prescripción social, también llamada "derivación a la comunidad" es, según The King's Fund (2017), la capacidad que los profesionales del sistema de salud tienen para derivar a las personas a recursos no clínicos de nivel local. 

Se fundamenta en los determinantes de salud, es decir en el reconocimiento que la salud se ve afectada no sólo por condiciones de tipo biológico individual sino que factores como el estilo de vida individual, las redes comunitarias, las condiciones de vida y trabajo y el contexto socioeconómico son muy influyentes. Siguiendo con esta lógica, parece razonable que los profesionales del sistema sanitario no se conformen con respuestas clínicas cuando buena parte de las causas de las alteraciones del estado de salud tienen orígen no clínico.
Como comentaba, esta práctica cada vez más se está difundiendo más y, por ejemplo, el Pla de Salut Mental de Barcelona 2016 - 2022 recoge entre sus objetivos "Facilitar la prescripción social desde los centros de atención primaria de salud con el apoyo de un catálogo de servicios y recursos comunitarios" o me consta que se está trabajando en facilitar al personal sanitario acceso a los recursos comunitarios para que puedan "prescribirlos" y se están realizando pruebas piloto desde hace algún tiempo.

Posiblemente lo más curioso de este nuevo concepto es el uso del término "prescripción", es decir la determinación que un profesional del ámbito sanitario hace de un determinado tratamiento para atender a una situación que afecta a la salud del paciente; se entiende que la prescripción sanitaria se ciñe a una cartera de servicios y prestaciones que están incluidas en la cobertura del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, se rigen por los criterios de acceso de este Sistema que, por ejemplo, contempla el copago sólo en el ámbito de la prestación farmacéutica siendo las otras prestaciones gratuitas. Pero la "prescripción social" en el ámbito sanitario no sigue esa lógica puesto que la derivación a servicios de la comunidad no entra en el catálogo de servicios y prestaciones y no tiene, por tanto, la misma accesibilidad para todas las personas.

Deberíamos, pues, estar hablando de "recomendaciones sobre hábitos de vida saludables" a la vista de las tipologías que se han definido (ver de nuevo la entrada en La Llei d'Engel), pero parece que si recibe el nombre "prescripción" tiene más fortaleza, más capacidad de influir en las personas para que lleven a cabo esas recomendaciones que el personal sanitario viene haciendo desde hace mucho.

No voy a entrar ahora a analizar quién debería responsabilizarse de esta "prescripción social", lo dejo para más adelante, pero, en cambio, sí que quiero reflexionar entorno al concepto mismo de la "prescripción social" desde el propio Sistema de Servicios Sociales.

El Sistema de Servicios Sociales ha seguido la senda marcada por el Sistema de Salud y ha diseñado Carteras de Servicios (todas las leyes autonómicas de última generación, desde 2006, incluyen el concepto de cartera o catálogo de servicios sociales) como una manera de definir claramente las características de los servicios y prestaciones que se incluyen en el Sistema así como sus condiciones de acceso. Pero, a diferencia, del Sistema de Salud, no se ha despojado de todo el aparato burocrático (en el sentido más alejado a la gestión óptima que le asignaba Webber) que conlleva la asignación de prestaciones. Es decir, l@s profesionales de los servicios sociales seguimos sin poder "prescribir" una prestación social sino que únicamente podemos "proponer" o "derivar" a unos servicios especializados (este tema de la diferenciación entre servicios sociales básicos o comunitarios y especializados merece otra entrada en el blog), siendo unos servicios de carácter administrativo, que no técnico, los que determinan en la mayoría de las ocasiones la posibilidad, el momento y las condiciones de acceso de la persona a esas prestaciones.

En el VI Congreso de la REPS, celebrado recientemente en Sevilla, uno de los componentes de la Mesa inaugural reconocía que si las personas que deben ser operadas de apendicitis (se ponía él mismo como ejemplo) hubieran de seguir los procesos de asignación de prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, morirían en su mayoría en la espera. De hecho, la nueva ley de servicios sociales de Andalucía, aprobada a finales de 2016, recoge la "prescripción facultativa de los recursos sociales más adecuados para las atención de necesidades sociales diagnosticadas" como función propia del profesional de referencia (art. 31.3.b, Ley 9/2016, de 27 de diciembre); deberemos esperar a ver como se adapta el Sistema para garantizar esa "prescripción facultativa".

Porque al Sistema le cuesta adaptarse y para muestra un botón: en la ley de servicios sociales de Catalunya (Ley 12/2007, de 11 de octubre) se recogía la figura del profesional de referencia, una de las innovaciones de una ley que ya cumple 10 años, y se definían sus funciones como "canalizar las diversas prestaciones que la persona o la unidad de convivencia necesitat, velar por la globalidad de las intervenciones y por la coordinación entre los equipos profesionales de servicios sociales y las otras redes de bienestar social, favorecer la toma de decisiones y agilizarlas" (art- 26.4, Ley 12/2007). Esta disposición junto con la que se establecía en el artículo 44.3 de la misma ley que determinaba que "las valoraciones del personal profesional de servicios sociales son vinculantes en relación a la asignación de los recursos públicos disponibles" nos hacía presagiar el fin de la tortuosa maraña burocrática que suponía el acceso a casi cualquier prestación de los servicios sociales especializados. 

Pero no todo iba a ser tan fácil; por una parte, a continuación de la regulación de la figura del profesional de referencia se establecía que "Corresponde a las administraciones públicas competentes la valoración de las situaciones de necesidad de las personas para el acceso a los servicios sociales básicos y especializados" (art. 26.4) y por la otra, las valoraciones vinculantes lo serán "en los términos que se establezcan por reglamento" (artículo 44.3).

Así pues, la ley catalana nos daba una de cal y una de arena: por un lado reconocía el carácter vinculante de las valoraciones profesionales en el marco de los servicios sociales, pero lo limitaba a un futuro reglamento del que, por cierto, 10 años después aún no tenemos noticia alguna, y asignaba una competencia genérica a las administraciones públicas competentes para valorar las situaciones de necesidad, una asignación en la que la figura del profesional de referencia quedaba obviada.

Es de lógica que ante una demanda superior a la oferta se produzcan listas de espera y se determinen unos criterios técnicos y, sobretodo, públicos (en el sentido de conocidos por la ciudadanía) para la priorización de esas listas de espera. Lo que no es tan lógico es que para configurar esas listas de espera se deba pasar por un largo proceso de solicitud que incluye más elementos de control económico que de valoración técnica, con el agravante que, cuando finalmente se accede a la prestación, esa situación puede haber variado sustancialmente. En eso también nos diferenciamos claramente del Sistema de Salud, puesto que el copago de prestaciones de Servicios Sociales es habitual, mientras que en Salud o es gratuito o está fuera del catálogo de prestaciones (a excepción de la ya comentada prestación farmacéutica).

L@s profesionales de servicios sociales son quienes mejor conocen las condiciones de vida de las personas y, por tanto, sus necesidades personales y sociales; su criterio técnico debería prevalecer en el proceso de asignación de prestaciones sociales, como una prescripción social en los servicios sociales, dejando los factores vinculados al copago para el momento del acceso. 

Para ello es necesario que desarrollemos (o adaptemos o, incluso, utilicemos) instrumentos técnicos (que no administrativos) que permitan la homogeneización de los diagnósticos sociales para permitir que la confección de esas "listas de espera" tenga un criterio técnico. Pero, aunque al final deberán ser las administraciones quienes los incorporen a sus normativas de acceso (para otra entrada, y se me acumula el trabajo, dejaré el tema de cómo las normativas en materia de servicios sociales están entrando a regular ámbitos estrictamente profesionales), pienso que deberíamos trabajar más desde el ámbito profesional para avanzar en esa tecnificación, mostrando que el criterio de l@s profesionales de servicios sociales es fruto del análisis de la realidad enmarcado en un conjunto de conocimientos teóricos y metodológicos.

Debemos trabajar para que este criterio tenga el reconocimiento de las instituciones hasta el punto que esa "prescripción facultativa" de la que habla la ley de servicios sociales de Andalucía sea una realidad, lo que quiere decir que, cuando en un plan de intervención social determinamos la idoneidad de una o unas prestaciones sociales específicas, sean estas y no otras las que pueda disfrutar la persona o la unidad de convivencia, aunque deban esperar para conseguirlo, pero sin más complicaciones para las personas (ni para l@s profesionales).

Y, para acabar, vinculando esta reflexión con el inicio de esta entrada, cada profesión, cada disciplina, se caracteriza por basarse en unos conocimientos específicos, solo es necesario ver los distintos planes de estudio, y eso les hace conocedores de un determinado aspecto de la vida de las personas. El hecho que el Sistema de Salud se plantee abordar los determinantes de salud para la mejora del estado individual de las personas es muy loable, pero eso no significa que los profesionales sanitarios sean los que disponen del mejor conocimiento y método para conocer y diagnosticar aquellos determinantes de carácter social. 

No deberíamos confundir el Sistema con las disciplinas que lo conforman, para eso se configuran equipos interdisciplinarios en los que participan profesionales del trabajo social y otras disciplinas que son, en mi opinión, los más adecuados para la valoración de las necesidades sociales relacionadas con el estado de salud y para establecer la vinculación con la comunidad. Así, en vez de una "prescripción sanitaria de la intervención social" (como Eloi Mayordomo acertadamente titulaba su post), podríamos hablar realmente de "prescripción social", aunque dejaremos para un futuro analizar cómo se facilita el acceso a esas actividades sociales a todas las personas que lo necesiten y cómo evitar que sea un nuevo elemento de desigualdad en la salud.





martes, 21 de marzo de 2017

¿Qué implica promover comunidades? Celebrando el #DiaTS


Este año, para el Dia Mundial del Trabajo Social, la FITS ha escogido como lema "El Trabajo Social como promotor de comunidades y entornos sostenibles" y desde BlogoTSfera se ha animado a celebrarlo con una entrada que debe publicarse el dia de hoy, 21 de marzo, referida al lema de la Jornada.

Cada vez que me enfrento, en los últimos años que el Día Mundial del Trabajo Social se ha hecho más visible, a los lemas propuestos me invade un cierto desconcierto y no puedo evitar pensar en l@s trabajador@s sociales que he conocido, que trabajan día a día en la primera línea de atención y me cuesta imaginarl@s enarbolando el lema y haciéndolo suyo.

Y me cuesta imaginarl@s porque se enfrentan diariamente a una realidad dura: un mundo dominado por una ideología neoliberal en el que, cada vez más, prima lo individual frente a lo comunitario, frente a lo común; y eso también es válido para la intervención social: las soluciones puntuales e individuales por delante de alternativas colectivas. Esta es una realidad y l@s trabajador@s sociales trabajamos en ese contexto porque, además, es precisamente este el marco que genera exclusión. 

El quid de la cuestión está, entonces, en cómo abordamos este contexto, cómo podemos contribuir a promover comunidades en un entorno tan individualizado, en el que incluso las nuevas comunidades se construyen desde la individualidad de los "chismes electrónicos" (y, para que conste, soy una defensora del uso de las TIC para todo aquello que pueda mejorar la vida de las personas).

La primera cuestión que me viene a la cabeza es que para promover comunidades hemos de tener una determinada forma de entender la sociedad, una determinada ideología, puesto que promover significa, a mi entender, ayudar en los procesos de empoderamiento y eso, al final, significa un aumento de la autonomía y del grado de autodeterminación de las comunidades.

Y entonces me pregunto si l@s trabajador@s sociales estamos realmente tan comprometidos con los procesos de empoderamiento de las comunidades, es más: ¿tod@s l@s trabajador@s sociales apuestan realmente por este modelo? A lo largo de los años he ido encontrando  profesionales que parecían estar de acuerdo con el discurso hegemónico liberal, ese que busca el más pequeño error (o, incluso, mal uso, que alguno hay) por parte de los vulnerables para cuestionar todo el sistema de protección social, puesto que no conciben que el Trabajo Social pueda servir de algo a aquellos que no se encuentran en esa vulnerabilidad, siempre económica. Profesionales más cercanos a la figura del control que no a la del promotor. Me cuesta imaginar a es@s profesionales centrados en investigar hasta el más mínimo detalle las posesiones terrenales de los vulnerables promoviendo las comunidades. 

Si realmente hemos de promover comunidades, y pienso que debería ser una de las funciones del Trabajo Social, empecemos por formar profesionales en el análisis crítico de la situación social, de la realidad social; profesionales capaces de pensar saliéndose de las vías prefijadas.

Hoy me parece muy adecuada la frase de Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo". Hemos comprobado que las recetas individuales, necesarias en algunas circunstancias, no pueden ser la esencia de la solución de problemas complejos que requieren de la colectividad para afrontarlos y superarlos. 

El Trabajo Social tiene un papel clave en este "hacer distinto"!

Feliz Día del Trabajo Social
#SocialWorkDay2017






lunes, 6 de marzo de 2017

Dentro del Sistema, fuera de la profesión

Hace unos días seguí (a toro pasado) un debate en el que participaban @NavarroLlobre, @hendirx_bcn, @nachosantas @luisegeas y @mimanro y que empezaba (por lo que puede seguir) con este twit de Belen Navarro “Supeditar todas las prestaciones de #serviciossociales a intervención es que todas las familias están 'averiadas'. El neoliberalismo cala” (https://twitter.com/NavarroLlobre/status/837603391148863488 ). A partir de aquí hubo un cierto debate sobre si las prestaciones económicas debían estar “fuera” o “dentro” de los servicios sociales.

Un tema tan complejo, tan necesitado de matices, no es fácil de resolver mediante 140 caracteres, por largo que sea el hilo. Así que el debate ha continuado mediante diversas entradas en blogs: primero fue Nacho Santas que en su blog Pasión por el trabajo social ofrecía sus argumentos aquí, después ha sido Belén Navarro que nos ofrece sus argumentos aquí y hoy, finalmente, ha sido Manuel Aguilar que en lleiengel.cat  nos ofrece su visión aquí.

Llevaba un tiempo deseando activar este blog, que nunca acabó de arrancar, y me ha parecido que me podía sumar al debate porque pienso que, en todas las aportaciones, siendo distintas, hay elementos interesantes.

Tal como señalan Nacho Santas y Manuel Aguilar es fundamental diferenciar los servicios sociales del trabajo social; de hecho, Belén hizo hace poco una entrada muy ilustrativa (ver). Los servicios sociales son un sistema complejo, que va más allá de la práctica del trabajo social, y como tal sistema complejo puede tener una amplia variedad de prestaciones: técnicas y económicas, como señala Manuel Aguilar, pero añadiría también, entre las económicas algunas que van aparejadas a la intervención social y otras responden directamente al reconocimiento de derechos.

Si realmente nos creemos que el sistema de servicios sociales reconoce derechos subjetivos a la ciudadanía, como muchas de las últimas leyes autonómicas han recogido, deberíamos reconocer que puede haber prestaciones que se concedan por el simple cumplimiento de algunas condiciones. Por ejemplo, la Seguridad Social distingue entre prestaciones “automáticas” como las pensiones de jubilación que requieren el cumplimiento de ciertos requisitos que son comprobados en un procedimiento administrativos y otras que requieren de una valoración técnica, las pensiones por incapacidad. Pienso que nadie duda que ambas deben estar ubicadas en el sistema que están: seguridad social.

Otra cuestión es plantearnos qué dificultades parece haber para que l@s profesionales del trabajo social (y de la educación social) se incorporen a los distintos sistemas: existen en el sistema sanitario, en el educativo e, incluso, en el penitenciario, pero parece que está costando que sean reconocid@s como profesionales necesarios en sistemas como el de vivienda o de la ocupación. La falta de incorporación de profesionales sociales en estos sistemas y la necesidad de ofrecer acompañamiento social a algunas de las personas que son atendidas por estos sistemas ha llevado a derivar a las personas a servicios sociales, en vez de crear la figura en el lugar adecuado.

En Catalunya la ley sobre la pobreza energética y habitacional ha saturado los servicios sociales con el encargo de hacer unos informes que, simplemente, reflejen si se cumplen unos parámetros económicos fijados por la ley: no conozco ningún@ profesional de los servicios sociales básicos que no critique esa medida, no porque no sea necesario que las personas tengan una orientación social sino porque se han diseñado de tal manera que l@s profesionales no aportan ningún valor añadido.

Los servicios sociales aún no han conseguido deshacerse de esa carga de valorar y someter a escrutinio a las personas a las que atienden cuando solicitan apoyo, ayuda o asesoramiento. Ahí coincido con la afirmación que iniciaba el debate: si todas las prestaciones deben ir acompañadas de intervención social se presupone que toda persona que se dirige a los servicios sociales hace “algo mal” y requiere reconducir su conducta (reparar la avería se sugería en el hilo).
Desde mi perspectiva, antes incluso que redefinir y clarificar el objeto de los servicios sociales (crucial, sin duda, para avanzar) es necesario que dejemos de ver a las personas como presuntos mentirosos a los que hemos de someter a un escrutinio exhaustivo antes de ayudarles a cubrir, incluso, necesidades básicas.

Estoy más en la línea planteada por Nacho Santas que no es necesario desplazar prestaciones económicas fuera del sistema de servicios sociales sino redefinir qué prestaciones requieren de intervención social, es decir cuáles de las prestaciones económicas deben ser complementarias a las prestaciones “técnicas” y cuáles deben ser reguladas y asignadas en función de criterios y procedimientos administrativos, sin más intervención de los profesionales de la intervención social. Pero, a la vez, también pienso que hay algunas prestaciones que no deberían estar en los servicios sociales, sino que los correspondientes sistemas deberían contar con profesionales sociales para ofrecer el asesoramiento y, en su caso, el vínculo con el sistema de servicios sociales a las personas que presenten determinadas circunstancias.


En síntesis, se trataría, más que hablar de “dentro o fuera”, debatir sobre en qué casos el/la profesional social aporta un valor añadido a una determinada prestación: en el caso que ese valor exista, debe plantearse un procedimiento que ponga de relieve ese valor, lo que significa que la valoración profesional debería ser realmente vinculante. Y para aquellas prestaciones en las que el rol del profesional social no aporta valor añadido, se opte por un procedimiento más administrativo dentro del propio sistema. Sin olvidar que aquellas prestaciones cuyo objetivo está directamente vinculado con otros sistemas (vivienda, garantía de ingresos, ocupación) deberían gestionarse desde esos sistemas, con la participación de profesionales del ámbito social, sin duda, pero como se suele decir “que cada palo aguante su vela”.